La clase media y el contrato social

Luego de terminar de leer el informe completo del Banco Mundial sobre la movilidad y resurgimiento de la clase media en América Latina y el Caribe, el cual recomiendo leer aquí. Les dejo el ultimo capitulo donde realizan un análisis del contrato social establecido, creo que se pueden encontrar muchas herramientas para entender el 8N y el momento de cambio que se esta viviendo en toda Latinoamerica.

"A grandes rasgos, el contrato social de América Latina en la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por un Estado pequeño al que la elite (y la pequeña clase media a ella unida) contribuía con impuestos bajos y del que se beneficiaba en gran parte mediante un conjunto “truncado” de beneficios en efectivo (...) a los cuales sólo tenían derecho los trabajadores formales del sector privado."

"Una manifestación de este contrato social era un Estado normalmente pequeño y con un sesgo hacia un sistema de pagos de la seguridad social del sector formal a los más acomodados"

o sea un estado pequeño que solo beneficiaba a los elite y a una pequeña clase media, pero que dejaba en total abandono a la población mas grande y desprotegida de la sociedad.

"Sin embargo, éste no es un panorama estático. A lo largo de los últimos 10 a 20 años, y sobre todo después de los procesos de recuperación de la democracia en muchos países de América Latina, este equilibrio político ha comenzado a cambiar, aunque sólo progresivamente. La generalización de esquemas no contributivos de pensiones de jubilación y seguros de salud, así como el aumento de las transferencias condicionadas de efectivo ha posibilitado que las transferencias redistributivas del Estado ahora lleguen a los pobres en una medida que hace 20 años era desconocida en la mayor parte de la región."


"América Latina se encuentra en una encrucijada: ¿romperá (aún más) con el contrato social fragmentado que heredó de su pasado colonial y seguirá persiguiendo una mayor igualdad de oportunidades o se entregará aún más decididamente a un modelo perverso en que la clase media se excluye de participar"

A sacar conclusiones, el informe tiene sus limitaciones al querer englobar y unificar a América Latina y el Caribe como un único campo de estudio, cuando cada país y sociedad tiene sus propias idiosincrasias y diferencias estructurales en las construcciones de sus sociedades y económicas. Pero no se puede dejar de observar el crecimiento sustancial de la clase media que la región vivió en los últimos 10 años, crecimiento producto de un cambio de paradigma en la construcción del contrato social y la elaboración de las políticas desde el Estado. De un estado chico con beneficios para pocos a un estado grande buscando la inclusión de quienes por décadas quedaron afuera.


Estamos en una época de cambios culturales, cambios que luchan por instituirse en constante fricción con el pasado.




La clase media y el contrato social 
extracto del informe del Banco Mundial "La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina"

¿Cuáles son, si es que las hay, las implicaciones de una clase media en ascenso con estas
características —urbana, con mejores niveles educativos, en su mayoría empleados del sector privado y con creencias y opiniones que, en términos generales, coinciden con las de sus compatriotas más pobres y menos educados— para la política social y económica? Concretamente, ¿hay alguna probabilidad de que el crecimiento de la clase media de América Latina induzca a cambios en el contrato social fragmentado de la región?

En un sentido amplio, un “contrato social” puede entenderse como la combinación de acuerdos implícitos y explícitos que determinan lo que cada grupo contribuye al Estado y lo que recibe de él. A grandes rasgos, el contrato social de América Latina en la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por un Estado pequeño al que la elite (y la pequeña clase media a ella unida) contribuía con impuestos bajos y del que se beneficiaba en gran parte mediante un conjunto “truncado” de beneficios en efectivo, como pensiones de jubilación, indemnizaciones por despido, etc., a los cuales sólo tenían derecho los trabajadores formales del sector privado.

Quedaba, pues, poca cosa para proporcionar servicios públicos de alta calidad en los sectores de la educación, la salud, las infraestructuras y la seguridad, por ejemplo. Los servicios públicos en estos sectores, por lo tanto, generalmente eran de baja calidad; mientras que la amplia mayoría de la población (pobres y vulnerables) no tenía alternativa, los ricos y la pequeña clase media renunciaron a ellos y escogieron alternativas ofrecidas por el sector privado (1). La esencia de este contrato (implícito) era sencilla: a las
clases altas y medias no se les pedía pagar demasiado y, a su vez, éstas tampoco esperaban recibir gran cosa de los servicios públicos. Los pobres también pagaban poco y, en consonancia, recibían poco en términos de beneficios públicos.


Una manifestación de este contrato social era un Estado normalmente pequeño y con un sesgo hacia un sistema de pagos de la seguridad social del sector formal a los más acomodados. Actualmente, con la excepción de Argentina y Brasil, la región se caracteriza por tener ingresos fiscales totales relativamente bajos. El promedio de los ingresos fiscales totales en 2010 fue de 20,4% del PIB en América Latina, en comparación con 33,7% en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, por ejemplo (2).Por otro lado, en la composición de estos ingresos fiscales tenían más peso los impuestos indirectos (a las ventas) y las contribuciones a la seguridad social que el impuesto sobre la renta y la propiedad, lo cual conducía a un sistema que no es especialmente progresivo.



Por el lado de los beneficios, la clase media (y la elite) participaba de manera desproporcionada en el sistema de seguridad social (incluyendo pensiones de jubilación y de incapacidad, protección por desempleo, indemnizaciones por despido y seguros de salud). Sin embargo, tendía sobre todo a no optar por la educación pública ni por los servicios públicos de salud. En su lugar, las clases altas y medias
en América Latina suelen recurrir a alternativas privadas para obtener estos últimos servicios. Esta tendencia a no optar por el sistema público se extendió incluso a los servicios en que la provisión pública debería ser la norma incuestionable, como el suministro eléctrico: en algunos países de América Latina, según se observa todavía, la propiedad privada de generadores de electricidad aumenta con los ingresos del hogar. Lo mismo es válido para la seguridad pública, ya que en varios países en la región la seguridad privada en condominios cerrados no es una realidad infrecuente.


Sin embargo, éste no es un panorama estático. A lo largo de los últimos 10 a 20 años, y sobre todo después de los procesos de recuperación de la democracia en muchos países de América Latina, este equilibrio político ha comenzado a cambiar, aunque sólo progresivamente. La generalización de esquemas no contributivos de pensiones de jubilación y seguros de salud, así como el aumento de las transferencias condicionadas de efectivo ha posibilitado que las transferencias redistributivas del Estado ahora lleguen a los pobres en una medida que hace 20 años era desconocida en la mayor parte de la región. Al mismo tiempo, en la mayoría de países de la región la ampliación de beneficios en efectivo a los pobres no se ha visto acompañada de un retorno de la clase media a los servicios públicos de salud y educación. Puede que el
“estado de bienestar” en América Latina se haya vuelto menos “truncado”, pero su contrato social sigue fragmentado.


Es natural preguntarse si América Latina será capaz de continuar su reciente trayectoria de “crecimiento con equidad” (o al menos con una disminución de la desigualdad) sobre la base de ese contrato fragmentado,
que genera inherentemente menos oportunidades para el grueso de la población. Ya sea en la Europa occidental de la posguerra o en la China de después de la revolución, en la República de Corea después de la reforma agraria o en Estados Unidos después del New Deal, el progreso socioeconómico ha requerido a menudo una combinación de libertad económica y sólidos fundamentos de educación, salud e infraestructura públicas. Es casi seguro que la mayoría de países en América Latina y el Caribe requerirán reformas adicionales de sus contratos sociales para permitir a sus gobiernos proporcionar esos fundamentos y sostener el crecimiento.


Sin embargo, ¿puede el auge de la clase media documentado en este estudio facilitar estas reformas? ¿O, al contrario, se consolidará la opción de la clase media por los servicios privados, reduciendo así su disposición a contribuir al erario público con el fin de generar oportunidades para aquellos que siguen siendo pobres? En cierto sentido, a medida que evoluciona hacia una estructura social más madura, con una clase media más grande que hace oír su voz más resueltamente, América Latina se encuentra en una encrucijada:
¿romperá (aún más) con el contrato social fragmentado que heredó de su pasado colonial y seguirá persiguiendo una mayor igualdad de oportunidades o se entregará aún más decididamente a un modelo perverso en que la clase media se excluye de participar y se vale por sí misma?






Este estudio no responde a esas grandes preguntas. Se limita a plantearlas, porque se derivan naturalmente de las tendencias recientes en movilidad económica y del tamaño de la clase media (tendencias que combinan las buenas noticias del reciente aumento de los ingresos y la reducción de la pobreza con la realidad de una movilidad limitada entre generaciones y la persistencia de la desigualdad de oportunidades).
Aun así, el estudio sugiere que puede que las clases medias no se conviertan automáticamente en el tan esperado agente catalítico de las reformas. Aún queda por verse si y cómo la nueva clase media contribuirá a fortalecer el contrato social de la región, y sin duda estas preguntas serán el objeto de numerosas investigaciones en el futuro. Sin embargo, el informe destaca tres sectores donde las reformas pueden contribuir a conseguir el apoyo de la clase media para un contrato social más justo y más legítimo:


Incorporar el objetivo de igualdad de oportunidades más explícitamente en las políticas públicas. Esto es fundamental para asegurar que las clases medias sientan que viven en una sociedad donde esforzarse merece la pena y los méritos son recompensados en lugar de una sociedad que tiende a favorecer a los grupos privilegiados. También es fundamental para ampliar el acceso de aquellos que siguen siendo pobres o vulnerables a buenos empleos y a fuentes estables de ingresos. A pesar de que este esfuerzo requerirá reformas en una amplia gama de ámbitos, este informe pone de relieve la necesidad de mejorar la calidad de la educación pública, desde el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales durante la primera infancia hasta la creación de mejores institutos universitarios y universidades. A su vez, una mayor igualdad
de oportunidades potenciaría la eficiencia económica, contribuyendo así a abordar el persistente problema del bajo crecimiento en América Latina y mejorando las condiciones para que el sector privado en la región genere mejores y más estables empleos para todas las clases.


Embarcarse en una segunda generación de reformas del sistema de protección social, abarcando la ayuda social y la seguridad social. A pesar de que las mejoras específicas en el ámbito de la ayuda social,
previamente mencionadas, contribuyeron en gran medida a la reducción observada de la pobreza y de las desigualdades en los ingresos durante los últimos 10 a 15 años, su expansión no se ha integrado adecuadamente en el conjunto del sistema de protección social, lo cual ha generado nuevos desafíos tanto para la eficiencia como para la equidad. Cada vez más, se pide a las clases medias que paguen por servicios que se proporciona a otros gratuitamente. Puede que un sistema de protección social dual basado
en ayudas selectivas a los pobres y en seguros (subvencionados) para las clases medias también esté mal adaptado para una gran población vulnerable que no es ni pobre ni clase media y cuya vulnerabilidad aumentará si el entorno externo se vuelve menos favorable que en el pasado. Por lo tanto, ha
llegado el momento de embarcarse en una segunda generación de reformas de protección social, mediante las cuales se superará la fragmentación de manera que se potencie la equidad, la solidaridad y la inclusión.
Romper el círculo vicioso de los impuestos bajos y la mala calidad de los servicios públicos que lleva a las clases medias y altas a optar por desvincularse. A pesar de que hay cierto margen para mejorar la calidad de los servicios públicos en el marco de las actuales partidas presupuestarias, será un desafío conseguirlo sin fortalecer la base de los ingresos, que sigue siendo baja prácticamente en todas partes excepto en Argentina y Brasil. Mejorar la percepción que tienen las personas de la equidad en los impuestos y de la eficacia redistributiva del gasto público será clave para cualquier reforma exitosa. Las clases medias no se prestarán ni contribuirán a un contrato social mejorado si los bienes que tienen en tan alta estima (como la protección
de los derechos civiles, la educación, la policía y los servicios de salud) son suministrados deficientemente por el Estado y si no perciben que los ricos contribuyen de manera justa al contrato social.

Durante la mayor parte de los años 2000, la mejora en el marco de las políticas en América Latina permitió a muchos países aprovechar un entorno externo benigno para iniciar una impresionante transición hacia
una sociedad de clase media. Esto ha creado grandes expectativas, que corren el riesgo de convertirse en frustración si esta transición se detiene. Sin embargo, la región no puede contar con que el entorno externo seguirá siendo tan favorable como en el pasado reciente para alcanzar más beneficios sociales y económicos. Por lo tanto, se requerirá un esfuerzo mucho mayor en el diseño de las políticas para consolidar y profundizar el proceso de la movilidad ascendente y hacerlo más resistente a las potenciales perturbaciones adversas. Al final, la responsabilidad recaerá fundamentalmente sobre los hombros de los dirigentes políticos y las instituciones democráticas de la región, que se enfrentan al desafío de replantear su contrato social.