Análisis de la Lic. Ana González sobre el conflicto en la Comunidad La Primavera, Formosa.

Quiero compartir con ustedes una muy buena nota escrita por la Lic. Ana Gonzalez en Iniciativa, sobre la situación actual de las comunidades originarias en el Gran Chaco utilizando como punto de partida los sucesos recientes de la Comunidad Qom de La Primavera en la provincia de Formosa. 

Es larga pero vale la pena, y tranquilamente se pueden utilizar el mismo análisis con los sucesos de Villa Soldati de la ultima semana. Que sucede en las sociedades cuando los invisiblemente dejan de ser invisibles. Como el proyecto nacional conservador implementado en el país por los Roca, Mitre, Sarmiento, Martinez de Hoz, se ve reflejado en las conductas constituyentes de un racismo generalizado

“La Primavera” es un emergente de una situación sumamente conflictiva y compleja donde se enfrentan dos modelos de desarrollo, y donde, con claridad, el poder local político y económico impide que se apliquen los derechos reclamados por los indígenas.

En este momento confluyen una serie de elementos que hacen que el tema de Pueblos Indígenas sea un problema conflictivo en nuestro país, y particularmente en las provincias. Lo sucedido en la Comunidad Qom de La Primavera en la provincia de Formosa expresa una situación histórica y estructural de los pueblos indígenas en nuestro país. Además, pone de manifiesto un complejo entramado en el que operan diferentes actores y pujas de poder, entre las que se destacan las particulares relaciones de la provincia de Formosa con los pueblos indígenas.

En este sentido, para comprender los conflictos del presente, resulta necesario atender a la génesis del Estado-Nación Argentino, que entendemos se constituyó sobre el genocidio republicano[1]. Cuando se conforma el Estado Nacional a fines del siglo XIX, se enfrentaron dos grandes proyectos de país. Por un lado, el grupo que contenía a San Martin, Belgrano, Monteagudo, Castelli y Moreno, quienes promovieron el reconocimiento de los pueblos indígenas, y las nociones de Patria Grande e integración latinoamericana. Esto se visibilizó al momento en que Belgrano recala en Misiones para liberar de la esclavitud a los pueblos indígenas Mbyá Guaraní, y reconociéndole sus tierras y autoridades; cuando Castelli realizó su proclama en las tierras de Tiahuanaco; cuando San Martín organizó el ejército de los Andes con miles de mapuches.

Esa concepción fue finalmente derrotada en 1865, con la fundación de la Sociedad Rural con José Toribio Martínez de Hoz a la cabeza, cuyos capitales provenían del contrabando de esclavos. Este proyecto conservador termina por derrotar a la tradición de los libertadores, al decidir ampliar las fronteras agrícolas de la Argentina, iniciando la guerra contra los pueblos indígenas.

En nuestros días existe un mayor conocimiento de los efectos de esta guerra contra los pueblos indígenas en la Patagonia por la existencia de un conjunto de autores que escriben sobre la cuestión, y también porque los pueblos mapuches han logrado visibilizar esta etapa histórica. De forma opuesta, existe poca información de lo acontecido en el avance del ejército sobre el Gran Chaco, lo que he llamado la conquista del “Desierto Verde”. En el Gran Chaco (región que abarca territorios de Bolivia y Paraguay, las provincias de Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, el Chaco salteño, y parte de Santiago del Estero) se llevaron adelante operaciones militares y campañas sistemáticas a partir de 1884, que fueron exterminando o sometiendo a servidumbre y esclavitud a los pueblos de esta región.

Cuando afirmo que se trató de un “Genocidio” me refiero a los términos enunciados por la Convención de 1948, porque si atendemos a las declaraciones de los funcionarios de aquellos gobiernos se encuentra presente la intencionalidad de exterminar total o parcialmente a estos pueblos. Este proyecto conservador que se consolida hacia fines del S. XIX promovió el genocidio sobre la base de dos estrategias. Por un lado, la implementación de acciones de brutalidad que implicaron torturas, violaciones, apropiación de niños, etc. y, por otro, la construcción ideológica del “negacionismo” de la existencia de los pueblos indígenas (y de su genocidio), elemento que consumó este genocidio. La operación ideológica siguiente fue consolidar el imaginario hegemónico de la Argentina “blanca” surgida de los barcos, que se ancló sobre dos instrumentos: el sistema educativo, y los libros de texto que afirmaban que los indígenas se habían extinguido con la conquista. El otro instrumento fue el Servicio Militar, que, desde ya, también promovió la homogeneización. Cabe destacar que si bien en el siglo XIX y principios del XX no existía la “Convención para la Prevención y la sanción del Delito de Genocidio”, sí existía el derecho de gentes en la Constitución Nacional de 1853.

Sin embargo, los pueblos indígenas existían y guardaron su memoria histórica. En el caso del Gran Chaco, hubieron matanzas en distintos momentos del Siglo XX, tanto en la década del 20, principios del 30, y en la década del 40: todas estas experiencias son muy recientes en la historia Argentina, y de hecho viven en nuestros días algunos de los sobrevivientes. En el caso de la comunidad La Primavera, se mantienen presentes en la memoria colectiva las terribles matanzas de fines de los años 30 (por ejemplo, en el año 1939, como ellos relatan, salieron a “bolear “ñandú” y le pagaron un pasaje al cacique “Trifón Sanabria” para que reclamara ante las autoridades nacionales el título de propiedad comunitaria de sus tierras, lo que finalmente lograron)

Pero los poderes económicos y políticos locales le fueron cercenando parte del territorio, y esto ha pasado en muchos lugares.

¿Cuál es la situación actual?

Asistimos a una situación de crisis y de conflictividad social objetiva en la región del Gran Chaco, donde se inscribe este conflicto en particular, y por tanto, puede significar un escenario de oportunidades o de retroceso, dependiendo de las decisiones que se implementen desde los Estados (provinciales y nacional).

A partir de la Reforma Constitucional de 1994, se incorpora el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, en el articulo 75 inciso 17, donde se les reconoce (a los pueblos originarios) “el derecho a la propiedad comunitaria de sus tierras, y a otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, y se les reconoce el derecho a participar en el desarrollo, y también, se introduce en la Constitución todos los Tratados de derechos humanos, en el artículo 75 inc. 22. Esto se da concomitantemente con una fuerte organización de los pueblos indígenas, una toma de conciencia de su situación de sometimiento, y de reivindicación de su identidad, de su idioma, que estos pueblos hablan como idiomas maternos, etc.

El reconocimiento de derechos y el empoderamiento de la mayoría de las comunidades de pueblos indígenas es un proceso que se da en simultaneidad con un brutal avance de la frontera agrícola, a partir de la sojización de la producción agropecuaria. Lugares que antes no tenían ninguna importancia económica, empiezan a tener un enorme valor, por dos razones principales: la posibilidad de la soja transgénica, ya mencionada, y, por otro lado, el avance de la infraestructura en la integración regional del MERCOSUR, que posibilita la construcción de una serie de carreteras interoceánicas (la ruta 86, la ruta 81, etc), que son muy importantes para el desarrollo económico de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Chile, etc.

Estas mismas razones plantean también una tensión entre dos modelos socioeconómicos posibles. Por un lado, un modelo que piensa estos avances en términos de la integración regional económica y social, construyendo las carreteras, pero que a la vez reconoce los derechos de los pobladores y los hace partícipe del desarrollo, en el que el reconocimiento de los derechos posesorios de los pueblos indígenas y los criollos pobres sea parte de la propuesta de desarrollo. La otra opción es un modelo brutal de expulsión y de expoliación del medio ambiente, del monte, sin prever las futuras desertificaciones; modelo que requiere para su imposición recurrir a la violencia y la represión, ya sea reprimiendo los cortes de ruta que hacen los indígenas para pedir que se los tome en cuenta, o armándoles causas penales, método habitual que utilizan los poderes económicos y políticos locales contra los indígenas cuando intentan organizarse. Es un modelo irracional que garantiza el beneficio de unos pocos, a cambio del atropello de nuestras leyes, la destrucción del medioambiente – la futura desertificación de la región – y el avasallamiento de las mayorías.

Ante esta situación, resulta necesario pensar el modelo de desarrollo que contemple la presencia de estas poblaciones indígenas y criollos pobres, que han vivido siempre en el monte, apoyándolos por ciudadanos, en la incorporación de nuevas tecnologías. Si antes boleaban el ñandú, ahora hay formas de criarlo. Si antes sólo recogían la miel silvestre, ahora hay formas de producirla, si antes pescaban el pacú, ahora se pueden hacer criaderos. Estos temas que deben ser estudiados con los pueblos indígenas, requieren como condición el derecho a la tierra, y en este sentido es necesario reconocerlos como ciudadanos con derechos. En el caso de los indígenas esto implica poner en práctica el reconocimiento de su preexistencia en esa zona y sus derechos de propiedad colectiva.

Las consecuencias del modelo vigente

Estamos asistiendo a las consecuencias inevitables de este modelo expoliador, expulsor y avasallador de derechos. Hay una fuerte criminalización de la protesta, de la población que se organiza para reclamar la efectivización de sus derechos, cuya identidad étnica presupone una sólida vinculación a la tierra.

La creación del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar es un importante avance en la construcción de un modelo de desarrollo rural con justicia social e identidad. No en vano el diario La Nación interpretó esta decisión presidencial en el marco “de la guerra del kirchnerismo contra el agro” (octubre 2009). También la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, es un aporte positivo. Sin embargo, las provincias presentan una gran resistencia a su aplicación y “el mercado” va más rápido lo que resulta en que los conflictos se susciten a diario.

Como referíamos previamente, lo sucedido en la comunidad Qom (toba) de La Primavera es un emergente de esta situación sumamente conflictiva y compleja, en la que se enfrentan dos modelos de desarrollo, y donde el poder local político y económico -que generalmente ejerce un control sobre el Poder Judicial muy fuerte- impide que se apliquen los derechos reclamados por los indígenas. De ese modo hay que pensar el caso de La Primavera.

Es evidente que siempre emergen los oportunismos y los intentos de usar estos conflictos, no para resolverlos de fondo, sino para montarse sobre ellos con fines políticos y electorales. Pero el conflicto de fondo está, y el problema está: es un problema histórico y estructural que estalla ahora porque confluyen una serie de elementos. Una población que antes estaba acallada y sometida, pero que nunca dejó de reconocerse como pueblos indígenas y de saber que esos eran sus territorios, porque la palabra “dueño” es muy accidental y muy nuestra. Un pueblo indígena que aprendió sus derechos en un momento en que los poderes económicos y políticos locales están dispuestos a cualquier cosa con tal de quedarse con esas tierras. No es otra cosa que la esquizofrenia del neoliberalismo que incluye desde lo normativo, pero excluye desde lo económico, una modelo que intentan combatir los gobiernos nacionales iniciados en el 2003, con Nestor Kirchner y Cristina Fernández, pero que aún permanece como hegemónico.

No nos podemos quedar en que aquellas rutas que deben servir para unirnos e integrarnos como pueblos, solamente sirvan para que sectores muy concentrados de la economía se apropien de tierras y que solo sirvan para expulsar a las poblaciones. En el caso de los pueblos indígenas se suma el profundo racismo y desprecio, de la “sociedad envolvente” y que a veces incluye aún una parte de la población criolla pobre local, situaciones que Darcy Riveiro llamaba “las fronteras de fricción interétnicas”. En ciertas ocasiones las relaciones de racismo y de violencia se dan entre pobres en el mismo lugar porque es donde se expresa la diferenciación, y tiene lugar la lucha por la supervivencia por recursos que son cada vez más escasos. Los poderes locales aprovechan estas situaciones en su beneficio utilizando como método el enfrentamiento de pobres contra pobres. Por ejemplo, en la zona de La Primavera las radios azuzaban el racismo contra la comunidad indígena. Allí, el Estado y las organizaciones populares tienen un profundo trabajo ideológico-cultural para superar estas condiciones de racismo. Es un trabajo educativo, que requiere incondicionalmente de medidas que resuelvan los problemas de subsistencia y económicos de los criollos y de los indígenas. Por otro lado, están las instituciones locales del estado provincial, de salud, de educación, de justicia, la policía, etc. Hace falta trabajar con ellas para que modifiquen sus actitudes discriminatorias, de desprecio y de violencia contra la población indígena. Un elemento adicional a erradicar lo constituyen las prácticas del poder político de manipular, “clientelizar” y sojuzgar, con el ejercicio del poder, a la población indígena.

En este sentido, en el conflicto de La Primavera está presente la decisión de la comunidad de no dejarse manipular, de decidir por sí misma con la autonomía que les permite conocer sus derechos. Muchos indígenas del Gran Chaco, (ya que en otras geografías, los indígenas hace rato que ya se han organizado), se están organizando y manifiestan con su voz: “nosotros no vamos a permitir que no sigan utilizando como si fuéramos ignorantes o como si fuéramos menores de edad, ni nos van a decir lo que tenemos que hacer, sino que nosotros tenemos en nuestras manos las decisiones”. Ante ello se verifica una reacción del poder político que intenta acallar a las comunidades que se organizan para que no den “el mal ejemplo”, a los otros. Por su parte la “sociedad envolvente” está dispuesta a “tolerar” a los indígenas, siempre y cuando estén en un escalón de sumisión, de desigualdad,  pero se reacciona con violencia cuando los indígenas reclaman igualdad. Estas conductas son parte constituyente de un racismo naturalizado, continuidad histórica de la génesis en que se conformó el Estado-Nación. Aún algunos sectores progresistas no pueden concebir que los pueblos indígenas estén decidiendo por sí mismos y reclamen la autonomía en sus decisiones, pensando que si los indígenas dicen determinadas cosas es porque están manipulados, por determinado sector político, por determinada iglesia, por determinado partido, etc.

Hasta hace menos de 20 años, la mayoría de los argentinos pensaban que los pueblos indígenas no existían; más recientemente pensó que sí existían, pero en situaciones de extrema pobreza, asociando su cultura a la extrema pobreza, cuando en realidad, la extrema pobreza de los pueblos originarios es producto de una historia de sojuzgamiento. Es así que considero que éste es un momento de crisis: toda crisis tiene posibilidades de una salida, en un sentido o en otro. Es un momento de oportunidades para que, como país y como sociedad, decidamos construir un modelo de desarrollo con justicia social e identidad, como parte del proyecto nacional y popular.

No podemos dejar pasar la oportunidad histórica que estamos viviendo y tenemos que resolver las consecuencias del reconocimiento efectivo y en la práctica, de la existencia de los pueblos indígenas, que, con su identidad, quieren ser ciudadanos de la Argentina, y buscan la igualdad con identidad propia. Tenemos que resolver de una vez por todas un respuesta integral a los reclamos de territorios de los pueblos originarios porque es necesario compensar la desigualdad de aquella génesis del Estado Nacional (muy generoso, por otra parte con los capitales británicos: con el obsequio de tierras a los Hardy, a los Leach, y tantos otros) Los pueblos indígenas tienen derecho a su tierra. Contamos a favor con instrumentos muy avanzados: no solo la Constitución Nacional; la ratificación del Convenio 169 de OIT, referida a tierra de pueblos tribales e indígenas en países independientes; la ley 26160, que ahora ha sido prorrogada por la Ley 26.564 de relevamiento de comunidades indígenas y de los territorios que ocupan. Asimismo, un conjunto de normas nacionales y provinciales, cuyo cumplimiento hoy es errático.

La demanda de los qom de La Primavera, exigiendo la devolución de 1.300 hectáreas (que les fueron usurpadas por la familia Celia desde hace muchos años), tuvo como consecuencias muertos y heridos producto de la represión de la policía provincial. Los indígenas cortaron la ruta pidiendo ser escuchados por las autoridades, pidieron negociar, pero no recibieron ninguna respuesta. La repuesta fue el desalojo violento. A pesar que los jueces provinciales afirman que no hubo desalojo de la ruta, porque es nacional y hubiera tenido que ser desalojada por un juez federal y por la Gendarmería, el resultado concreto fue el desalojo de los manifestantes. Objetivamente los sacaron de la ruta, les quemaron las casas y les iniciaron una serie de causas penales. Llama la atención que los más golpeados hayan sido las mujeres y los varones mayores de la comunidad.  En el relato, la comunidad sostiene que los varones reaccionaron cuando la policía empezó a golpear a las mujeres.

Los hechos de La Primavera nos indican la vigencia hegemónica del modelo excluyente. Nos debe hacer reflexionar para poner un freno a la violencia y la represión, ya que, dadas la confluencia de factores, si no se resuelve rápidamente el problema de las tierras indígenas, la protesta social va ir en aumento. Es imperioso que todos los miembros de las comunidades participen del relevamiento territorial establecido por la ley 26.160/26.554, y que el Estado Nacional esté presente como garante de ello. Es absolutamente necesario que se reglamente la instrumentación de la propiedad comunitaria de las tierras indígenas y se avance en la protección de sus recursos naturales.

Por último, resulta imperioso que todas las instituciones del Estado Nacional y de las provincias se comprometan en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo con igualdad e identidad. De lo contrario, estaríamos pisoteando nuestras leyes y nuestra Constitución Nacional, por omisión. Es imperioso, también, que se escuche la voz de La Primavera y en ella la voz de cientos de comunidades de pueblos indígenas que desean participar de la construcción de una sociedad justa.

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[1] Miguel Bartolomé, antropólogo argentino quién trabaja en Oaxaca, México, hace muchos años que lo plantea y existen muchos datos históricos que registran esta afirmación

*Antropóloga